Las acciones realizadas tras los desastres constituyen una oportunidad para el cambio social, en específico, para construir sociedades resilientes. Sin embargo, cuando en los procesos de reconstrucción se persiguen intereses exógenos (económicos, sociales o políticos) y, preferentemente, ajenos a las necesidades de la sociedad afectada, se incrementan las condiciones de riesgo y la vulnerabilidad ante futuras amenazas. En el presente trabajo se analiza lo ocurrido en Yucatán (México) cuando, tras el paso del huracán Isidoro (2002), se implementó un programa de reconstrucción con el fin de suplir aquellas viviendas que habían sido dañadas y destruidas por ese fenómeno hidrometeorológico. Mediante el mismo se esperaba dotar a las familias damnificadas de una vivienda digna, resistente, moderna y, de este modo, contribuir a forjar una sociedad más segura. Sin embargo, los resultados alcanzados ponen en duda esta meta del gobierno.